Proyecto de Ley sobre Responsabilidad por contenidos en Internet

Recientemente ha surgido este nuevo proyecto de ley al que refiero en el título de este Post. Luego de una lectura de sus considerandos que determinaron la presentación, he querido realizar este artículo, a los fines de analizar gran parte de su contenido, en consideración a la “alarmante” interpretación y normativa que propone el proyecto de referencia en su intento de regular las normas que determinen la reparación de los daños que se perpetran en la llamada “red de redes”.

El proyecto comienza estableciendo que cualquier persona tendría la facultad de solicitar a los ISP la baja de contenidos en sitios web cuando los mismos resulten agraviantes, pero como se observa ya en su inicio, como se determina cuando un contenido resulta agraviante?, o mejor dicho quien lo determina? Pareciera ser que dicha potestad recaería sobre la persona agraviada. Con este poder de acción eminentemente discrecional, no es difícil vislumbrar que cualquier individuo efectuaría una denuncia a los fines que se remueva determinado comentario que supuestamente lo relacione, con la finalidad garantizarse a si mismo “plena inmunidad” en ocasión de alguna aislada interpretación que pueda originarle algún menoscabo.

Por otro lado, no es tema menor el potencial daño al que quedaría expuesto el derecho a la libertad de expresión, pues el mecanismo pensado nos conduce a un actuar preventivo en aras a evitar o finiquitar acciones perjudiciales, que se traducen a todas luces en un prejuzgamiento en pos de garantizar una absoluta protección.

Es importante destacar, que en varias situaciones los usuarios suelen confundir una mera opinión o idea con un supuesto agravio, y aun en este caso el destinatario de la denuncia estaría obligado a bajar el contenido a los fines de acatar la normativa vigente y evitar una responsabilidad que no le compete. Si bien, Internet facilita el anonimato, la solución no está en buscar en otros la responsabilidad a los fines de resarcir.

El proveedor de Internet no es responsable por el contenido nocivo que circula por la red. Si conocida es la dificultad técnica de control de todo el contenido que circula y por otro lado, la imposibilidad de atribuir la obligación de controlar la licitud o inocuidad de un mensaje por no estar en condiciones de saber que es nocivo o ilícito, como puede determinarse su eventual responsabilidad y más aún tener la certeza que la supuesta victima pueda establecer la configuración de una calumnia y/o injuria para hacer uso del derecho que mediante este proyecto de ley se le pretende otorgar.

Se procura, equivocadamente, hacer valer para Internet las pautas y principios propios de los medios de comunicación pero Internet no forma ni informa, simplemente es un recurso tecnológico con varios sujetos implicados, en un proceso de marcada complejidad fáctica y técnica.

La necesidad de regulación de las acciones en Internet, debe efectuarse no perdiendo de vista que es una plataforma donde los ilícitos, los delitos y los consecuentes daños que se generen son los mismos que los ocasionados en el mundo tradicional. Los proveedores del servicio de información se asimilan a una gran librería cuyo dueño no es responsable de las ideas u opiniones de los autores de los libros, que se encuentran en sus negocios, con lo cual obligar a los llamados ISP a dar de baja contenido o responsabilizarlos por los mismos sería lo mismo que imponer a un vendedor de libros el deber de sacar una hoja a un libro que se encuentra a la venta por sus dichos o hacerlo pasible de una condena por daños. La posición más difundida es que los proveedores de acceso son meros intermediarios y equiparables al emisor de una tarjeta de crédito, que proveen, pero no responden por los hechos de quienes los utilizan. La calificación del hosting se asimilaría a una locación, siendo que el proveedor concede el uso y goce de un sitio virtual contra el pago de un precio, con lo cual no asume ninguna responsabilidad frente a los terceros.

El problema viene dado también por la situación que no cualquier afirmación da lugar a la responsabilidad por daños causados por expresiones falsas, sino aquellas que son agraviantes, mortificantes, como también es común observar opiniones entremezcladas con afirmaciones de hecho. El hecho debe tratarse de una injuria (deshonra o descrédito) o una calumnia (falsa imputación de un delito). Y esto no es menor, puesto que el particular que se considere dañado por algún contenido o esté simplemente en desacuerdo con el mismo podrá solicitar su baja, sin el mínimo reparo sobre la configuración legal que merezcan las expresiones que señale.

Siguiendo a Bustamante Alsina: “es agraviante, independientemente de ser inexacta o no, cuando afecta la dignidad de la persona hiriendo la propia estima que cada uno tiene de sí mismo o cuando ataca la reputación, honor, fama o decoro de que se goza ante los demás”.

Sin embargo, en el texto del Proyecto no especifica quien determinará el carácter de perjudicial de un contenido. Ergo, el eventual damnificado sería la “autoridad competente” para discernir cuando es nocivo o dañoso y para juzgar la ilicitud de la información.

Otra cuestión es que en muchas situaciones aunque el autor pueda ser individualizado, al extender la cadena de responsables a quienes simplemente brindan herramientas para hacer posible Internet, implicaría desde toda lógica, por una cuestión de orden económico, accionar civilmente contra las empresas prestadoras de los servicios indicados frente al supuesto de no dar de baja determinado contenido. De esta forma, se los estaría responsabilizando por ilícitos de la sociedad de la información invirtiendo la regla ya que responder por el hecho ajeno es de carácter excepcional por cuanto lo normal es que cada uno responda por sus propias conductas.

Los argumentos expuestos en el proyecto en cuestión no resultan convincentes, el intento legislativo es una suerte de censura previa violatoria de la libertad de expresión por más intento de negarlo. Siempre será mejor una política de filtros selectivos que las censuras generalizadas.

Es imprescindible una adecuada regulación que establezca ciertos parámetros al poder de acción, sin dejar en segundo plano al derecho de poder expresarnos. La falta de mecanismos técnicos que nos permitan un mayor control de los contenidos en la red no es responsabilidad de quienes coadyuvan a ser partícipes como país en el desarrollo tecnológico en el que estamos inmersos como sociedad. El objetivo no debe estar centrado en buscar responsables que puedan resarcir daños sino en apoyar a las empresas que forman parte de este nuevo ámbito, que es Internet, a que sigan creciendo buscando simultáneamente los mecanismos que mejoren las condiciones de protección de los derechos en la web que lógicamente se irán perfeccionando con el devenir de los días. Pretender dar una protección absoluta en forma inmediata no es posible sin interferir con otros derechos de igual jerarquía, al menos con loas alcances de este tipo de proyectos.

Dra. Agustina Marquiegui Mc Loughlin

www.estudiolexar.com

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3 Responses

  1. Proyecto de Ley sobre Responsabilidad por contenidos de Internet | Codigo Geek Says:

    [...] Lexar echan un poco de luz sobre el incoherente Proyecto de Ley sobre Responsabilidad por contenidos de [...]

  2. Guillermo Manuel Zamora Says:

    Muy buen artículo Agustina, felicitaciones, me gustaría compartirlo en la red de derecho informático que administro, si me autorizás, saludos cordiales

    Guillermo M. Zamora

  3. autoauctions2830 Says:

    Very informative post. Thanks for taking the time to share your view with us.

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