Un usuario de facebook inició una demanda judicial contra otro por comentarios que éste último habría puesto en el muro de su propio perfil. En dicha acción, se planteó la hipótesis delictiva en base a indicios que construye al intentar enlazar un mensaje publicado en el muro del imputado, en el cual se hacía referencia a la familia de la supuesta damnificada, con otro de tinte amenazante, sin especificar quien era el destinario, arribando a la conclusión que intentaba intimidar al demandante.

Sin embargo la Cámara expresó “consideramos que no es posible sostener que la conducta atribuida al imputado encuadre en alguna figura delictiva, máxime si se considera que las frases en cuestión habrían sido consignadas por el encausado en su portal personal y la querella no pudo explicar el modo en que tuvo acceso a éste…”

En definitiva, La Cámara del Crimen sostiene que la imposibilidad de poder establecer la relación entre el emisor del mensaje (imputado) y el receptor (parte querellante) no puede adjudicar la conducta a un tipo penal. De este modo, confirma el sobreseimiento del imputado imponiendo las costas a la parte demandante.

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Finalmente luego del controvertido fallo de primera instancia contra Yahoo y Google por los contenidos de orden sexual con que vinculaban a Virginia Da Cunha, la Cámara del Fuero resolvió revocar la resolución que condenaba a los buscadores. El caso se inició en 2006 y es el primero que tiene resolución en segunda instancia. La Cámara entendió que únicamente les cabria responsabilidad a los buscadores cuando su actuar fuere negligente en referencia al bloqueo de resultados claramente ilegales.

En Europa esta cuestión se resolvió a nivel comunitario, en el año 2000 mediante una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, donde se establece claramente los niveles de responsabilidad de los diferentes intermediarios de Internet. En la misma se entiende que existe un Principio de “inexistencia de obligación general de supervisión”, que releva a los prestadores de servicios de una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, como también una obligación de general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas. Asimismo, se exige un conocimiento efectivo de la actividad ilícita fundado en una resolución de autoridad competente que le da tal carácter a un contenido determinado.

En Argentina esos principios fueron acogidos en un proyecto de Ley, donde se establece que un intermediario tendrá conocimiento efectivo que el contenido es ilícito solamente cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de tal contenido.

Teniendo en cuenta estos parámetros si bien este fallo ha sido un avance surgen interrogantes tales como cuando intermediario ha tomado conocimiento efectivo de un contenido ilícito, o cuando puede considerarse al mismo ilegal ante situaciones no tan evidentes…

Google efectúa cambios en Europa en la política sobre marcas registradas. Con esta reforma, a partir del 14 de septiembre cualquier empresa podrá usar marcas registradas como palabras claves en los anuncios en el Buscador. De esta forma, Google pretende equiparar su política en Europa con la política en materia de marcas registradas que aplica en la mayoría de los países del mundo como EE.UU. y Canadá.

Esta actualización en la política de materia de marcas registradas responde al fallo dictado en marzo por un Tribunal, tras la denuncia realizada por Louis Vuitton, donde se resolvió que Google no había infringido la ley de marcas registradas.

Si bien ahora es legítimo el uso de las marcas registradas, aquellos titulares de marcas que consideren que un anuncio en Europa provoca confusión en los usuarios sobre el origen del producto o servicio, podrán notificar dicha circunstancia a Google para que confirme la situación y disponga el retiro del anuncio.

Persevera y triunfarás….así es como sucedió en los autos “Trincado, Graciela Teresa y otro c/ CTI s/ incumplimiento de servicio de Telecomunicaciones”, donde los usuarios expresan que se sintieron damnificados por las deficiencias advertidas en el servicio contratado, debido a que las 3 líneas de teléfono adquiridas no funcionaban correctamente. Dada esta situación aportan pruebas indicando la gran cantidad de reclamos y cartas documentos enviadas a la compañía a fin de obtener una solución o respuesta. Sin embargo, como nos tienen acostumbrados, dichos intentos de comunicación han sido en vano. Es así, que deciden acudir a la justicia en busca de una solución.

Si bien la demanda fue rechazada en primera instancia, los actores apelaron a la Cámara, donde sostuvieron que el incumplimiento por parte de la compañía estaba probado frente a los numerosas cartas documento enviadas por los usuarios sin recibir respuesta alguna y la falta de prueba del correcto funcionamiento del servicio del servicio y la terminal.

La situación llegó al extremo cuando luego de varios meses sin haber tenido algún contacto de la demandada los usuarios reciben una carta documento enviada por la compañía reclamándoles el pago de un servicio que no había sido provisto pues, dadas las evidentes irregularidades, hacía tiempo se habían vistos obligados a contratar a un tercero para que los provea del mismo.

Todas estas situaciones que debieron padecer los usuarios determinaron para la Cámara elementos más que suficientes para hacer lugar a la acción y la accionada responda por los daños efectuados.